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Colaboración: Ronald Gamarra Herrera / Juan Pablo Pérez-León Acevedo - El absurdo juicio contra el magistrado Baltasar Garzón - 31/02/2012
El próximo martes se inicia un absurdo juicio contra el magistrado Baltasar Garzón por la supuesta comisión del delito de prevaricación, ello debido al hecho de haber iniciado la investigación y aplicado los principios del Derecho Internacional a los crímenes de la Guerra Civil española y el Franquismo, dejando atrás y de lado la amnistía aprobada por Ley 46/1977, y décadas de la más amplia impunidad.
Tal enjuiciamiento no tiene justificación ni argumentos en Derecho. Veamos:
- La Constitución establece de forma meridiana que la normativa internacional forma parte del derecho español (artículos 10.2 y 96);
- La noción de crímenes de lesa humanidad existió antes del período de la guerra civil española (1936-1939);
- La categoría crímenes de lesa humanidad adquirió particular dinamismo en el período de postguerra civil española hasta 1952 –año en que terminaron las mayores matanzas del franquismo- y alcanzó un significativo desarrollo posterior;
- La desaparición forzada de personas perdió su carácter residual para modelarse como específico crimen de lesa humanidad, abriéndose paso como delito continuado o permanente;
- La obligación de identificar a los responsables de violaciones graves al Derecho internacional implica el deber estatal de imponer sanciones a los perpetradores;
- La improcedencia de amnistías para crímenes de lesa humanidad es un principio emergente en la salvaguarda de los derechos humanos, por lo que esa clase de normas –como la Ley de Amnistía, aprobada por Ley 46/1977 de 15 de octubre -carecen de efectos jurídicos, con la consiguiente extensión de esa consecuencia a los actos de aplicación y sus efectos; si, más precisamente, i) a nivel del Derecho internacional convencional y consuetudinario existe la prohibición de conceder amnistías para exonerar de responsabilidad penal internacional individual a los perpetradores de crímenes de Derecho internacional, ii) si en el contexto de un conflicto armado no internacional el ámbito de aplicación de las amnistías no puede ser desvirtuado ni desnaturalizado, iii) si las amnistías no abarcan a los crímenes de guerra o a los crímenes de lesa humanidad, iv) si en contextos de sociedades post-conflicto o en sociedades en los cuales existen investigaciones pendientes relativas a serias violaciones de derechos humanos, urge garantizar la lucha contra la impunidad toda vez que sólo así se puede lograr una auténtica reconstrucción y reconciliación nacionales; y,
-La Convención de la ONU sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad se precisa que en ninguna de las declaraciones solemnes, o convenciones relativas al enjuiciamiento y sanción de dichos crímenes se ha previsto limitación en el tiempo, y se enuncia más bien el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes cualquiera que sea la fecha en que se hayan efectuado, sustrayéndose así a los crímenes cometidos en el curso de un período determinado del pasado a la aplicación de las reglas internas relativas a la prescripción.
Por todo ello, no puede sostenerse válidamente una imputación por prevaricación (artículo 446.3 del Código Penal) respecto del magistrado español que –en el mero cumplimiento de su actividad jurisdiccional, sin poner en cuestión en lo mínimo el funcionamiento de la administración de justicia- emite una o varias resoluciones justas, legítimas, razonables y defendibles, a través de las cuales –antes de decidir sobre su competencia- ordena la práctica de ciertas diligencias orientadas a la fijación del número de víctimas de los hechos del pasado y con apariencia delictiva que le han sido presentados, y que nunca antes habían sido investigados penalmente por la justicia (Providencias de 28 de agosto, 25 de septiembre y 7 de octubre de 2008), o asume competencia, cursa oficios a las autoridades, reclama de éstas la entrega de determinados datos y autoriza exhumaciones (por ejemplo, el Auto de 16 de octubre de 2008. Juzgado Centra de Instrucción N.° 5. Diligencias Previas – Proceso Abreviado 399/2006 V), todo ello en el marco de la aplicación del Derecho Internacional a los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo. En otras palabras, o más precisamente, en las que observando el principio de no amnistiabilidad de los crímenes de lesa humanidad inicia la investigación de alegadas detenciones ilegales (desapariciones), torturas y eliminación física de 114,266 personas identificadas como víctimas ocurridas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951, en el contexto de un práctica sistemática y generalizada inspirada tanto en motivos políticos e ideológicos cuanto en una estrategia indiscriminada de causar terror en la población civil e impedir toda resistencia.
Ciertamente, los hechos presentaban características tales que requerían una debida investigación, la misma que finalmente se concretó en la decisión del magistrado Baltasar Garzón, con base en una línea de interpretación –calificada por nosotros de justa, legítima, razonable y defendible- que, en cualquier caso y más allá de una eventual discrepancia o crítica, no puede ser valorada como manifiestamente irrazonable, absolutamente forzada o sin sustento en una opción jurídica defendible; por supuesto, tampoco puede ser considerada como “excusa argumental” o de pecar de “artificiosidad”. Por lo demás, no debe dejar de considerarse que la interpretación realizada por el magistrado fue defendida con posterioridad por los magistrados José Ricardo de Prada Solaesa, Ramón Sáez y Clara Bayarri, en su Voto Particular al Auto de 2 de diciembre de 2008, dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal; ha sido asumida hace mucho tiempo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Justicia Penal Internacional y un conjunto cada vez más numeroso de tribunales nacionales.
Ciertamente también, las detenciones ilegales (desapariciones), torturas y eliminación física alegadas, que obran en más de un centenar de denuncias que llegaron al Juzgado Central de Instrucción N.° 5, son “los hechos con relevancia penal más graves, por su intensidad y su extensión, que se han presentado ante la jurisdicción española” (Auto Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 2 de diciembre de 2008. Voto Particular Ilmos. Sres. De Prada, Bayarri y Sáez), al dar cuenta de “auténticas atrocidades cometidas por unos seres humanos contra otros que... desafían la imaginación y conmueven la conciencia de la Humanidad, lo cual nos impulsa a afirmar, una vez más, que la Comunidad Internacional, como conjunto de Estados, no debe permanecer impasible ante sucesos de esta clase que constituyen crímenes de derecho internacional” (en referencia al genocidio de Guatemala, Sentencia del Tribunal Supremo N.° 327/2003).
Por lo mismo, el mundo -y no solo España- acompañó con interés la actividad jurisdiccional del magistrado que habiendo abanderado antes –vía el principio de jurisdicción universal- la persecución penal contra quienes en el contexto de las dictaduras latinoamericanas habían perpetrados crímenes de lesa humanidad, asumía competencia para investigar –vía la aplicación del Derecho Internacional- otros crímenes contra la humanidad, esta vez cometidos en la propia España entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951: los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo.
Tal investigación parecía marcar sino el fin de la impunidad de execrables hechos perpetrados bajo la cobertura del poder político, una real oportunidad de iniciar y avanzar en el proceso de judicialización de los crímenes del pasado en España, de reivindicación de miles de hombres y mujeres cuyos nombres invocan destinos injusta y brutalmente segados. Una extraordinaria posibilidad para los incontables familiares de las víctimas, especialmente de aquellos que durante muchísimos años han tenido el admirable coraje y la perseverancia inusual para convertir el más profundo dolor en un reclamo vigoroso e indeclinable de justicia, que el magistrado Baltasar Garzón –y luego otros magistrados- dando un ejemplo al mundo, debían satisfacer.
Por ello, el juzgamiento del magistrado Baltasar Garzón por la supuesta comisión del delito de prevaricación tiene un contenido que incumbe a todos los ciudadanos de España y ciertamente también a la humanidad entera. Formalmente, el Tribunal Supremo deberá decidir por la absolución o condenado de un magistrado que ha hecho historia. En verdad, la decisión marcará un hito en el desarrollo de la justicia y la aplicación del Derecho Internacional: impunidad de los crímenes de lesa humanidad o sanción a quienes atentan contra el género humano.
Las víctimas y sus familiares, y la humanidad entera, esperan y confían en que la sentencia que al final emitirá el Tribunal Supremo estará a la altura de la trascendencia e importancia de los principios que están en juego en este juicio.
Ronald Gamarra Herrera, Jurista (Perú) Defensor de la parte civil en el caso contra el ex presidente Alberto Fujimori.
Juan Pablo Pérez-León Acevedo, Abogado (Perú) Experto en derecho internacional.
